Urge una dispensa de la Lrsf

Urge una dispensa de la Lrsf
Urge que el MEF y el Consejo de Gabinete aprueben un proyecto de ley que reforme la Ley Lrsf,l Archivo

Ya desde el período de transición advertimos que, debido a la situación de las finanzas públicas que enfrenta la actual administración que encabeza el presidente de la República, Laurentino Cortizo, les tocaría tomar decisiones difíciles durante el presente año para manejar la situación fiscal y al mismo tiempo contar con los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de reactivar la economía del país.

En ese momento, mencionamos que el Ejecutivo se iba a enfrentar con la necesidad de promulgar una dispensa que libere de la obligación de cumplir con el tope al déficit fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (Lrsf) para el presente año, o bien tener que recurrir a la emisión de deuda en los mercados internacionales, el aumento de las tasas impositivas a fin de incrementar las recaudaciones o una combinación de todas las anteriores.

Las cifras indican que no nos equivocamos, tal como quedó en evidencia en el Editorial de la Edición 954 de Capital Financiero, denominado “Un presupuesto austero para 2020”. No podía ser distinto, ya que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la recaudación de los ingresos corrientes del Gobierno Central se encuentran en $1,070 millones por debajo de lo presupuestado, eso hasta el mes de julio de 2019.

Lo que según el propio presidente Cortizo revela que en el presupuesto de 2019 existía una sobreestimación de ingresos de aproximadamente $1,100 millones.

Ante esta realidad, el MEF ha implementado un plan de austeridad, ajustando el presupuesto de 2019, para evitar que el Sector Público No Financiero cierre el año fiscal con un el déficit de 4.5% con relación al PIB nominal en el año 2019.

Igualmente, el país realizó una exitosa colocación de $2,000 millones en bonos en los mercados internacionales de capitales, dinero que en gran medida se ha destinado a hacer frente a las obligaciones por pagar heredadas de la administración anterior al 31 de diciembre de 2018, estimadas en $1,600 millones.

Sin embargo, ante los bajos niveles de recaudación y la necesidad de hacer frente al pago de la creciente planilla estatal, subsidios e intereses de la deuda, sin hablar de compromisos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios del Estado, es evidente que es virtualmente imposible que el país pueda cumplir con el tope de déficit fiscal establecido en la  Lrsf y que, por tanto, se necesita tomar las medidas necesarias para establecer una dispensa que libere a la actual administración de los topes vigentes.

Y para muestra un botón. Tan solo para el pago de compromisos atrasados con la banca, generados por la aplicación de la Ley de Interés Preferencial, el presidente Cortizo se ha comprometido a hacerle frente a $420 millones el próximo mes de octubre, mientras que el Ministerio de Obras Públicas informó que ha logrado el refrendo de cuentas por pagar por el orden de los $105 millones y que en este momento se adelantan los trámites para el pago de otros $85 millones.

Lo que indica que es por lo menos improbable que la actual administración pueda cumplir la Lrsf, a pesar de la contención del gasto que viene aplicando.

Conforme a la última reforma a la Lrsf, el máximo de déficit con respecto al PIB nominal para los años 2019 y 2020 se fijó en  2.0%, para que finalmente, en el 2021 se ubicara en 1.75%.

El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, ya lo había dejado claro cuando advirtió que el plan “Austeridad con eficiencia” tendrá que aplicarse durante toda la gestión de la actual administración para poder reducir el déficit fiscal en más del 2% en los próximos dos años, lo que permitirá cumplir para el 2021 con el límite del déficit de 1.75% del PIB, como señala la Lrsf.

Por ello debemos concluir que urge que el MEF y el Consejo de Gabinete aprueben un proyecto de ley que reforme la Ley Lrsf, dispensando al gobierno nacional de cumplir el tope que establecido en esta norma para el déficit fiscal del Spnf para el presente año 2019.

Sabemos que una medida como esta puede generar preocupación entre las empresas calificadoras de riesgo y poner en peligro el grado de inversión alcanzado por el país este año, sin embargo, lo peor es no hacer nada e incumplir flagrantemente la Ley cuando tenemos la oportunidad de sincerar la situación fiscal del país y adoptar las medidas para normalizar la situación paulatinamente.

Además, la aprobación del Decreto de Gabinete No.26 del 17 de septiembre de 2019, que faculta al MEF el aumento del monto de deuda a emitir ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) por $5,000 millones, le brindará al país la posibilidad de realizar futuras emisiones de bonos internacionales, según sus necesidades de financiamiento externo, y sin duda puede ayudarnos no sólo a balancear las finanzas públicas, sino también a canjear deuda cara por deuda con un mejor cupón, aprovechando el gran apetito que despiertan las emisiones panameñas en los mercados globales.

Es una tarea difícil en la que la comunicación con las calificadoras de riesgo, los tenedores de bonos, los inversionistas internacionales y la banca es clave, pero que debemos acometer para evitar sobresaltos futuros y preservar las mejoras que el país ha logrado en materia de calificación de riesgo.

Después se podrá trabajar en la reducción del gasto público y en limitar los subsidios económicos a quienes realmente los requieren, ya que se han multiplicado en los últimos años hasta sumar unos $1,700 millones anuales.

Editorial

 

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